23 agosto 2017

Ley 27.328 sobre Participación Público – Privada; clave para nuestro rápido desarrollo (parte 2 de 4)

La falta de infraestructura y la presión impositiva excesiva nos quitan competitividad y bienestar

No se trata de los únicos déficits. Somos una economía cerrada, los únicos en la región que exigimos licencias para importar bienes de capital y tecnología y los únicos en el Mercosur que no hemos ratificado el Acuerdo de Facilitación del Comercio que se firmó en 2013 en Bali, impulsado por la OMC.

Hay muchos ejemplos sobre cómo el déficit de infraestructura distorsiona nuestras decisiones de inversión o directamente nos obliga a diferirlas o a descartarlas. Por caso, el molino arrocero más moderno de la empresa agropecuaria más grande del país está emplazado a casi 200 Km de distancia del lugar que debería ocupar, de haber contado allí con la infraestructura adecuada.

El “Foro de Davos”, World Economic Forum, publicó el Reporte global de competitividad 2016-2017. Nuestro país continúa en el grupo de países en transición de la etapa 2 a la 3. Somos 19 países con un ingreso por persona y por año de US$ 9.000 a US$ 17.000, medidos por la capacidad doméstica de compra.

Sobre 138 países, nuestra ubicación en algunos rubros en los que tenemos severos déficits es la siguiente: calidad de las rutas, Nº 103; calidad de la red eléctrica, Nº 119; ahorro en relación al PBI, Nº 93; tasa total impositiva como porcentaje del total de utilidades, Nº 138; servicios financieros acordes a las necesidades de negocio, Nº 133 y efectos del marco impositivo en la propensión a invertir, Nº 135.

Malasia pertenece al mismo grupo de transición que nosotros. Dispone de un ingreso per capita de sólo US$ 9.000 y tiene problemas de malaria, tuberculosis y de mortandad infantil. Sin embargo, globalmente tiene mejor calidad de vida que nosotros e igual expectativa de vida. Y nuestra mortandad infantil es 50 % más alta que la de Malasia.

Ocupábamos el puesto 40 en el LPI, el índice logístico relativo que publica bianualmente el Banco Mundial; hemos descendido al puesto 60 en una década.

Todos estos resultados confirman nuestros problemas de competitividad, pública y privada. Somos la economía Nº 25 del mundo y estamos en el segundo grupo de países más desarrollados, con US$ 14.000 de ingreso per capita, pero ocupamos ahora el puesto Nº 104 en la clasificación general del WEF.

Todo esto es un problema, pero sobre todo es una formidable oportunidad para progresar, de modo rápido, consistente y sustentable.




Otros aspectos no menos importantes

Según el Banco Mundial, a igual calidad, una inversión en infraestructura en el ámbito rural genera 3 a 4 veces más beneficios que igual monto invertido en áreas urbanas. Usualmente esos beneficios se obtienen también más rápidamente y con menores riesgos asociados.

Lo anterior no debe interpretarse como un menoscabo para la imprescindible e impostergable inversión necesaria en la infraestructura del espacio urbano y periurbano.

Expresado en valores aproximados, el Producto Bruto Mundial (PBM) es US$ 80 trillones sajones o de la escala corta (TR, millón de millones, 10 a la 12 ó 1.000 Gigas si lo expresáramos en términos informáticos). El stock de riqueza mundial es de unos US$ 500 TR.

A nivel mundial, el tamaño de la deuda privada no financiera creció muchísimo y llegó a US$ 100 TR. Hay US$ 48 TR de deuda nominada en dólares, 8 de los cuales están tomados fuera de EE.UU. (de los 8; US$ 3,5 TR están en el mundo emergente). Podría haber un descalce de monedas, algo que conocemos muy bien.

Estamos viviendo en un mundo donde parecería que casi todos quieren ser rentistas y prestamistas de momento y casi nadie quiere ser accionista o emprender un proyecto. La crisis hipotecaria de 2007 y 2008 modificó muchos comportamientos; muchas empresas y familias de todo el mundo continúan con una conducta defensiva, conservadora, poco proclive al consumo y a la asunción de nuevos emprendimientos y riesgos.

Tenemos poca deuda pública y privada en comparación con el mundo. Eso nos coloca en una posición favorable para las próximas 2 ó 3 décadas. Nuestra cultura emprendedora también es una fortaleza, aunque nuestra capacidad innovadora debe mejorar significativamente. Suele haber confusiones sobre esto; se confunde mentalidad emprendedora con innovadora.

Desde hace aproximadamente unos 15 años, los organismos multilaterales de crédito (OMCrd) se muestran muy proclives a concretar préstamos para mejorar la infraestructura, salvo cuando se trata de viviendas. En sus evaluaciones sociales de proyectos aceptan tasas de descuento muy convenientes, bajas, en torno al 5,5 ó 6 % anual o menos aún, lo cual permite que muchos proyectos califiquen bien.

Los OMCrd están muy capitalizados.

FONPLATA era un organismo cuasi simbólico, más que nada político. Hoy maneja US$ 400 M en activos y prevé llegar a 7.000; está financiando el desarrollo de nuevos puertos en nuestro litoral.

La CAF, la ex Corporación Andina de Fomento hoy Banco de Desarrollo de América Latina, disponía de menos de US$ 2.000 M hace unas 3 décadas; hoy tiene activos por US$ 40.000 M.


El BID está en una nueva etapa de capitalización, previendo totalizar activos por US$ 150.000 M, muy superiores a los que disponía hace poco.

El Banco Mundial cuenta con unos US$ 200.000 M.

Es relativamente poco comparado con el volumen global de las finanzas y con el poderío del FMI para enfrentar desequilibrios de corto plazo. El FMI dispone de forma inmediata de US$ 680.000 M; puede disponer de más fondos aún, si fuera necesario atender una crisis extraordinaria.

Esos fondos de los OMCrd son también relativamente escasos cuando se los compara con las necesidades. Según McKinsey Global Institute, el mundo debería destinar US$ 57 TR a lo largo de los próximos 15 años para lograr cumplir las metas de crecimiento previstas. Es un monto equivalente a 70 puntos del PBM. Diferentes documentos y declaraciones parecen indicar que apoyarían esta idea el FMI, el “Banco de Basilea” (el Banco central de los bancos centrales) y los países más importantes del G-20. Por otro lado, la revolución logística por la que atraviesa el mundo no deja mucho margen de maniobra.

En promedio, se trata de unos US$ 3,8 TR por año, un monto 11 veces mayor que el que actualmente se destina a proyectos bajo los sistemas de PPP, como se comentará luego. De los US$ 3,8 TR, aproximadamente la mitad debe destinarse a infraestructura básica, agua y saneamiento, hábitat, vivienda, energía, transporte y telecomunicaciones.

Pero esos fondos de los OMCrd son significativos para muchos países, incluyendo al nuestro. Los OMCrd tienen asignados cupos para cada país. La ley de PPP permitirá que ingresen al país fondos adicionales, “fuera de balance”, es decir fuera del balance del Estado. Son fondos que estarán asignados a privados para que ejecuten proyectos en los que el Estado pone muy poco foco. El ejemplo clásico es la red terciaria de caminos, pero hay muchos más.

Por otro lado, es razonable estimar que nuestra producción agropecuaria crecerá significativamente. Dentro de unas 5 campañas se alcanzarían 40 M hectáreas (Ha) de área sembrada física, agregando unas 4,5 M Ha; produciríamos unas 160 ó 170 M Tn de granos y tal vez unos 4 M Tn de carne bovina, más el crecimiento en carne porcina y otros rubros.

En cambio, no es para nada razonable suponer que lograremos ese crecimiento sólo reinvirtiendo utilidades e incrementando la deuda del sector con el esquema clásico.

Por otro lado, vivimos en un escenario disruptivo, impulsado por el paso acelerado del mundo analógico y aislado al mundo digital e interconectado. En el mundo digital, las capacidades de procesamiento se duplican constantemente cada lapsos regulares. Cuando alcanzan cierto umbral, irrumpen masivamente dispositivos nuevos, como ha ocurrido con los drones. Así ocurrirá, está ocurriendo en realidad, con la Revolución industrial 4.0, la robótica, los vehículos autónomos, la Internet de las cosas, las criptomonedas y los contratos inteligentes. Así ocurrirá también, algo demorado en el tiempo, con la aplicación masiva de la impresión 3 D y la inteligencia artificial.


Por lo tanto, es imprescindible lograr que nuestra infraestructura no se vuelva el factor limitante que nos impida acceder rápido y plenamente a esa nueva etapa de la humanidad.

continuará


Ing. Agr. Luis M. Villa
AGRO&FINANZAS
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19 agosto 2017

Ley 27.328 sobre Participación Público – Privada; clave para nuestro rápido desarrollo (parte 1 de 4)

Breve descripción sobre algunos aspectos deficitarios o conflictivos – Oportunidades

Nuestro país padece atrasos en materia normativa, se encuentra en una transición jurídica y casi en simultáneo enfrenta el vencimiento de importantes contratos de concesión.

Respecto del atraso normativo, merece citarse a la Ley 24.441 de Fideicomisos, hoy incorporada al Código Civil y Comercial. Leyes similares existían en otros países latinoamericanos desde varias décadas previas a 1994, cuando sancionamos la nuestra. Un caso similar se da en el tema que nos ocupa, el de la Participación Público – Privada o Public Private Partnership (PPP por sus siglas en ambos idiomas), a veces referido en español como Asociación Público Privada (APP).

No contamos con una Ley Nacional de Logística. Tampoco con una Ley Nacional de Ordenamiento Territorial. Son déficits que seguramente iremos cubriendo, aunque probablemente no en el corto plazo.

Desde 1989 Colombia destinó fondos de su presupuesto para planear el ordenamiento de su territorio. Cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial desde 1996 y con un Plan Nacional de Logística desde 2008. Actualmente Colombia tiene un PBI similar al nuestro; era la mitad hace 3 décadas.

Nuestro nuevo Código Civil y Comercial aún no ha generado suficiente jurisprudencia, como es lógico. Nuestro marco normativo de telecomunicaciones está en una clara transición, en la que algunos decretos han derogado leyes. El financiamiento con tasa variable, en UVAs, está sólo basado en una resolución del BCRA y luego en un DNU no ratificado en Diputados dentro del plazo exigido. Son ejemplos de nuestra transición hacia un marco normativo nuevo, que está apenas desarrollándose.

Lo mismo puede pensarse respecto de la Ley de Emprendedores y de Crowdfunding, la de Pymes y las ideas para corregir errores y modernizar la Ley del Mercado de Capitales sancionada en 2012. Son leyes que aún no están reglamentadas completamente en algunos casos, son sólo proyectos en otros.

En el año 2021 vencerá la concesión de la hidrovía del Paraná, desde Confluencia hasta el Océano, a cargo de Hidrovía SA.

Si bien el Estado puede ejercer una opción contractual y prorrogar el vencimiento por 10 años adicionales, en 2021 a 2023 vencerán las concesiones de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y Roca, actualmente operados por NCA, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca más o menos respectivamente (no es lineal, FEPSA opera partes del Roca por ejemplo).

Dos breves digresiones: es factible que se consagre un esquema “open access”, con lo que tal vez los productores podríamos tener nuestro propio tren. Se prevén cambios normativos importantes en todo lo relacionado con la industria naval y el cabotaje; podríamos y deberíamos ir pensando también en operar nuestras propias flotas de barcazas.

Anualmente hemos estado invirtiendo en infraestructura un monto equivalente 1,5 % de nuestro PBI. Es apenas un tercio del monto mínimo deseable. Tampoco hemos tenido una buena asignación de prioridades ni calidad en muchos casos.

Cerrar rápido nuestra brecha en infraestructura respecto de los países más avanzados requiere destinar anualmente un monto cercano a 4 puntos del Producto, o más; y hacerlo al menos a lo largo de 2 décadas, ininterrumpidamente y con mucha calidad. Posiblemente un tercio de esa cifra deba ser aportado y/o gestionado por privados, y es ahí donde la Ley de PPP se volverá cada vez más importante.

Según el Banco Mundial, nuestro costo logístico anual es aproximadamente equivalente a 27 % del PBI, unos US$ 130.000 millones (M), dedicados a movilizar y almacenar unas 700 M de Tn, de las que una cuarta parte del volumen está ligada al agro. Obviamente, nuestro valor promedio relativo es bajo y nuestro costo logístico es mucho menor que la cuarta parte de US$ 130.000 M. En nuestro país el consumo interno promedio es de unos US$ 400.000 M anuales, unos US$ 2.200 por mes y por grupo familiar. Es evidente que ese consumo se ve afectado negativamente por nuestros costos logísticos tan altos.

En tanto, en Chile el costo logístico es 18 puntos de su Producto y el promedio para los países de la OCDE es de 9 puntos. Se trata de datos publicados inicialmente en 2006, que han variado muy poco desde entonces. Incluso nuestros costos logísticos se habrían incrementado un 35 % en moneda constante en la última década, según un informe del CIPPEC. Ambos números son razonablemente consistentes entre sí, dado que el Producto ha aumentado en ese lapso.

Desarrollando un plan adecuado con la participación del Estado y de privados, en pocos años el sector agropecuario como un todo podría ahorrar no menos de US$ 1.000 ó 1.200 M cada año, algo así como un quinto de la renta actual neta de impuestos, luego de detraer la remuneración a toda la tierra, cuyo valor claramente aumentaría, generando un segundo beneficio, de tipo patrimonial.

Deberíamos empezar a vernos como un sector productivo – logístico. El Estado debería verse a sí mismo como un actor logístico, filosofía que ha estado permeando en Brasil en tiempos recientes y que está comenzando a hacer lo propio en nuestro país.

  
Continuará

Ing. Agr. Luis M. Villa
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