Breve descripción sobre algunos aspectos deficitarios o
conflictivos – Oportunidades
Nuestro país padece
atrasos en materia normativa, se encuentra en una transición jurídica y casi en
simultáneo enfrenta el vencimiento de importantes contratos de concesión.
Respecto del
atraso normativo, merece citarse a la Ley 24.441 de Fideicomisos, hoy
incorporada al Código Civil y Comercial. Leyes similares existían en otros
países latinoamericanos desde varias décadas previas a 1994, cuando sancionamos
la nuestra. Un
caso similar se da en el tema que nos ocupa, el de la Participación Público
– Privada o Public Private Partnership (PPP por sus siglas en ambos idiomas), a
veces referido en español como Asociación Público Privada (APP).
No contamos con
una Ley Nacional de Logística. Tampoco con una Ley Nacional de Ordenamiento
Territorial. Son déficits que seguramente iremos cubriendo, aunque probablemente
no en el corto plazo.
Desde 1989
Colombia destinó fondos de su presupuesto para planear el ordenamiento de su
territorio. Cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial desde 1996 y con un
Plan Nacional de Logística desde 2008. Actualmente Colombia tiene un PBI similar
al nuestro; era la mitad hace 3 décadas.
Nuestro nuevo
Código Civil y Comercial aún no ha generado suficiente jurisprudencia, como es
lógico. Nuestro marco normativo de telecomunicaciones está en una clara
transición, en la que algunos decretos han derogado leyes. El financiamiento
con tasa variable, en UVAs, está sólo basado en una resolución del BCRA y luego
en un DNU no ratificado en Diputados dentro del plazo exigido. Son ejemplos de
nuestra transición hacia un marco normativo nuevo, que está apenas
desarrollándose.
Lo mismo puede
pensarse respecto de la Ley de Emprendedores y de Crowdfunding, la de Pymes y las ideas para
corregir errores y modernizar la Ley del Mercado de Capitales sancionada en
2012. Son leyes que aún no están reglamentadas completamente en algunos casos, son
sólo proyectos en otros.
En el año 2021 vencerá
la concesión de la hidrovía del Paraná, desde Confluencia hasta el Océano, a
cargo de Hidrovía SA.
Si bien el
Estado puede ejercer una opción contractual y prorrogar el vencimiento por 10
años adicionales, en 2021 a
2023 vencerán las concesiones de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y Roca, actualmente
operados por NCA, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca más o menos
respectivamente (no es lineal, FEPSA opera partes del Roca por ejemplo).
Dos breves
digresiones: es factible que se consagre un esquema “open access”, con lo que
tal vez los productores podríamos tener nuestro propio tren. Se prevén cambios normativos
importantes en todo lo relacionado con la industria naval y el cabotaje;
podríamos y deberíamos ir pensando también en operar nuestras propias flotas de
barcazas.
Anualmente hemos
estado invirtiendo en infraestructura un monto equivalente 1,5 % de nuestro
PBI. Es apenas un tercio del monto mínimo deseable. Tampoco hemos tenido una buena
asignación de prioridades ni calidad en muchos casos.
Cerrar rápido
nuestra brecha en infraestructura respecto de los países más avanzados requiere
destinar anualmente un monto cercano a 4 puntos del Producto, o más; y hacerlo
al menos a lo largo de 2 décadas, ininterrumpidamente y con mucha calidad.
Posiblemente un tercio de esa cifra deba ser aportado y/o gestionado por
privados, y es ahí donde la Ley de PPP se volverá cada vez más importante.
Según el Banco
Mundial, nuestro costo logístico anual es aproximadamente equivalente a 27 %
del PBI, unos US$ 130.000 millones (M), dedicados a movilizar y almacenar unas 700 M de Tn, de las que una
cuarta parte del volumen está ligada al agro. Obviamente, nuestro valor
promedio relativo es bajo y nuestro costo logístico es mucho menor que la
cuarta parte de US$ 130.000
M . En nuestro país el consumo interno promedio es de
unos US$ 400.000 M
anuales, unos US$ 2.200 por mes y por grupo familiar. Es evidente que ese
consumo se ve afectado negativamente por nuestros costos logísticos tan altos.
En tanto, en
Chile el costo logístico es 18 puntos de su Producto y el promedio para los
países de la OCDE es de 9 puntos. Se trata de datos publicados inicialmente en
2006, que han variado muy poco desde entonces. Incluso nuestros costos
logísticos se habrían incrementado un 35 % en moneda constante en la última
década, según un informe del CIPPEC. Ambos números son razonablemente consistentes
entre sí, dado que el Producto ha aumentado en ese lapso.
Desarrollando un
plan adecuado con la participación del Estado y de privados, en pocos años el
sector agropecuario como un todo podría ahorrar no menos de US$ 1.000 ó 1.200 M cada año, algo así
como un quinto de la renta actual neta de impuestos, luego de detraer la remuneración
a toda la tierra, cuyo valor claramente aumentaría, generando un segundo
beneficio, de tipo patrimonial.
Deberíamos
empezar a vernos como un sector productivo – logístico. El Estado debería verse
a sí mismo como un actor logístico, filosofía que ha estado permeando en Brasil
en tiempos recientes y que está comenzando a hacer lo propio en nuestro país.
Continuará
Ing. Agr. Luis M. Villa
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