Está terminando el año agropecuario julio 2020
/ junio 2021. Es momento de un repaso.
El trimestre julio / agosto / septiembre estuvo
dominado por la pandemia, la cuarentena exagerada y hecha a destiempo, el
intento de expropiación de Vicentín, los incendios, la difamación en contra del
agro, la clásica cuestión en torno a la supuesta especulación a la hora de
vender los granos, los anteproyectos de ley de Humedales y la renegociación de
la deuda pública con privados, tanto bajo ley de NY como local, resuelta a
finales del período.
El Ministro Guzmán quería una “exit yield”
de un dígito, de 8 % en concreto. Exit yield es un concepto financiero poco
utilizado, es la TIR teórica promedio ponderada de los bonos surgidos de la
renegociación (teórica en el sentido que se asume que toda la corriente de
pagos se cumplirá en tiempo y forma). Si se toma el promedio de cotización de
los primeros 30 días de vida de los nuevos bonos, la exit yield terminó siendo
de 12 % aproximadamente. Muy diferente de la pretendida por el Ministro.
El trimestre octubre / noviembre / diciembre empezó con el enésimo cambio en las alícuotas por retenciones, un exiguo
cronograma de rebajas temporarias y el regreso del diferencial arancelario a
favor de la industria aceitera (se habían quitado a comienzos de septiembre de
2018).
Siguió, como ya venía desde el trimestre
anterior y desde antes incluso, la total confusión respecto de la autoría
intelectual del Plan propuesto por el CAA (si bien era y es un calco de otro
anterior de Coninagro).
La torpe usurpación de uno de los campos de
la familia Etchevehere fue el grotesco destacado del trimestre y de todo el año calendario agropecuario.
Prosiguió con fuerza la difamación contra “las
megafactorías porcinas”.
Se sancionó una absurda modificación a la
Ley de manejo del fuego.
A finales de año, el gobierno cerró el
Registro de operaciones de venta al exterior de maíz.
Siguió estando la Agroecología en el tapete,
con un enfoque totalmente errado.
El Inta Pergamino debió discontinuar
valiosos ensayos, debido a la cautelar del Juez Federal de San Nicolás (la de
los 1.095 metros).
Prosiguió con mucha difusión la absurda argumentación
según la cual disponemos de pocos recursos naturales per cápita.
El trimestre enero / febrero / marzo empezó
con comentarios generalizados sobre la suba en el precio de la carne bovina.
Hubo una sucesión de notas periodísticas
denostando al agro, hablando de fuga de divisas, contrabando, etc; junto con
otras que referían a la maldición que implica la abundancia de ciertos recursos
(a diferencia del trimestre anterior, en que decían más o menos lo contrario).
En el trimestre abril / mayo / junio tomó
fuerza la campaña por la construcción del Canal Magdalena y la que promueve la
estatización de los servicios de dragado y balizamiento de la Hidrovía.
El gobierno limitó fuertemente la exportación
de carne bovina.
El gobierno decidió estatizar el transporte
ferroviario de carga, cuyas concesiones finalizan en breve.
La Legislatura continuó tratando una nueva
Ley de Biocombustibles, que contempla menores cortes tanto en la nafta como en
el gasoil.
A lo largo de la primera mitad de 2021, los bonos
más importantes del último canje (AL30, ley local y GD30, ley de NY) perdieron
un 15 % y un 10 % respectivamente, que se suman a las pérdidas anteriores y al
valor de inicio en el canje.
El país fue reclasificado como Standalone;
era Emergente desde mediados de 2018.
El país no resolvió sus temas pendientes con
el Club de París y con el FMI, encaminándose a un Default con los organismos
multilaterales de crédito.